Proceso de Recusaciones: carga onerosa para el Estado y persecución selectiva al electorado

Consideramos que el proceso de recusación representa una carga onerosa significativa, tanto para el Estado como para el electorado, siendo éste último la víctima frecuente del caos y la falta de rigurosidad que caracterizan a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y el Registro Electoral. Recordemos que, hasta octubre pasado, la ciudadanía en Puerto Rico debía acudir para su inscripción a una Junta de Inscripción Permanente. Juntas de Inscripción compuestas, exclusivamente, por miembros del PNP y el PPD, y que dejan fuera de dichos espacios al MVC; ocasionando así, la desvinculación del Movimiento de cualquier responsabilidad en las decisiones tomadas en dichos ámbitos.

Hemos sido consecuentes en señalar que, en lugar de castigar al electorado por la ineficiencia de la CEE, en tiempos donde Puerto Rico se enfrenta a una crisis democrática, ésta debe enfocarse en fomentar la participación electoral y emplear ese denominado "ejército electoral" en educar al electorado sobre la actualización de sus datos y demás aspectos relevantes. El propio Código Electoral mandata a la Comisión Estatal a diseñar e implementar una campaña de actualización de datos. Sin embargo, a sólo meses de la Elección General de 2024, aún no se ha realizado esta importante delegación.

Entretanto, el PNP anuncia que comenzará a perseguir electores(as) en el proceso de “recusaciones”. Los mismos que han presentado Candidatos(as) para presidir la Comisión Estatal y que han votado fuera de sus propios precintos electorales. De hecho, durante el proceso de evaluación, pudimos confirmar que el Juez Rivera Rueda, nominado en dos ocasiones para presidir la CEE, violó el Código Electoral al votar en un municipio distinto al de su residencia durante los comicios electorales de 2020. Mas, a éstos no se les recusa.

Es evidente que el PNP no tiene interés alguno en el proceso democrático. Sino que, utiliza la Comisión Estatal como instrumento de persecución y coacción de los derechos de la oposición. No debe tomarse de manera liviana el hecho de que el proceso de recusación implica suprimir el derecho al voto de la ciudadanía objeto del mismo. Ello puede socavar el ejercicio efectivo del voto; minar la confianza de la ciudadanía en la transparencia que debe permear en todo el proceso electoral; así como, puede constituir un atentado a la libertad de expresión del electorado, coartando el libre intercambio de ideas y opiniones, necesarios para la toma de decisiones en función del escenario electoral.

El PNP carece de propuestas sólidas y está consciente de que se le está escapando el respaldo electoral. Todo ello queda evidenciado en la creación de un Código Electoral que les otorga un control casi absoluto sobre la CEE, convirtiéndose, en la práctica, en los "dueños" del ente gubernamental. De igual manera, queda evidenciado en la implementación de acciones, como la aquí denunciada. La integridad del proceso electoral en Puerto Rico, como la protección de los derechos civiles de la ciudadanía son clave para cualquier democracia. Ambos serían inobservados con procesos de recusaciones como los formulados por el PNP.